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El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció un decreto que establece estímulos fiscales como parte del "Plan México", una estrategia nacional orientada a fortalecer la industria, atraer inversiones y promover la innovación tecnológica en el país.
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Este decreto, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, busca integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en cadenas de valor locales y regionales, incentivando su modernización y competitividad.
El decreto contempla dos estímulos principales: la deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo y deducciones adicionales en gastos de capacitación e innovación.
La deducción inmediata permite a las empresas reducir de manera anticipada los costos fiscales relacionados con la adquisición de bienes necesarios para su actividad productiva.
Los porcentajes de deducción varían según el tipo de bien y sector, con valores que alcanzan hasta el 91% para maquinaria y equipo utilizados en la manufactura de componentes electrónicos y magnéticos.
Estas medidas tienen como objetivo central aumentar la inversión en infraestructura productiva y modernizar la industria manufacturera.
El estímulo fiscal asociado a la capacitación busca reforzar las capacidades técnicas de los trabajadores mediante programas de educación dual, desarrollados en colaboración con la Secretaría de Educación Pública.
Las empresas que eroguen gastos en este rubro podrán acceder a una deducción adicional equivalente al 25% del incremento respecto al promedio de los últimos tres años. Este esquema está diseñado para atender la demanda de mano de obra calificada en sectores estratégicos de la economía.
El decreto también incluye incentivos para proyectos de innovación relacionados con la obtención de patentes y certificaciones iniciales.
Estos estímulos están dirigidos a promover la integración de empresas nacionales en cadenas de proveeduría regional, fomentando su capacidad tecnológica y su acceso a mercados más amplios.
El financiamiento para estos estímulos tiene un límite de 30 mil millones de pesos, de los cuales 28 mil 500 millones se destinarán a la deducción de inversiones en bienes nuevos de activo fijo y 1 mil 500 millones a la deducción adicional por capacitación e innovación.
Además, se reservó un mínimo de mil millones de pesos para apoyar a empresas cuyos ingresos anuales no superen los 100 millones de pesos. La aplicación de los estímulos estará sujeta a la aprobación de un Comité de Evaluación, que revisará los proyectos de inversión y emitirá constancias de cumplimiento para las empresas interesadas.
El decreto establece medidas de control presupuestario para garantizar la transparencia en la asignación de los estímulos fiscales. Asimismo, especifica que estos beneficios no podrán ser aplicados por contribuyentes con incumplimientos fiscales, créditos firmes no garantizados o en proceso de liquidación.
Con este marco, el Gobierno de México busca fortalecer las capacidades productivas del país, mejorar su posición en cadenas de valor regionales y globales, y fomentar la creación de empleos calificados. Los estímulos también apuntan a posicionar a México como un destino competitivo para la inversión en manufactura avanzada y sectores estratégicos vinculados a la innovación tecnológica.
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